Repercusiones internacionales del soberanismo catalán

(fragmentos)

Cuando Carles Puigdemont abandonó la cárcel alemana de Neumünster donde había estado retenido unos días, el director de la institución le pidió que firmara en el libro de autoridades donde recogen testimonio de los visitantes ilustres que acuden al penal.
Sí, ya sé que es una anécdota; pero es que, a veces, las anécdotas revisten carácter de categoría y ésta refleja a la perfección el desencuentro, aquí negado, entre una parte ya notable y creciente de la opinión pública internacional y la opinión publicada en estos lares sobre el trato político y singularmente sobre el maltrato judicial que se está dando a las pretensiones independentistas catalanas.

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 Efectivamente ningún país ha reconocido la República Catalana porqué nadie puede reconocer aquello que no existe. Igualmente cierto es, sin embargo, que la comunidad internacional, como acabo de exponer, conoce ahora la existencia de un conflicto político en Catalunya por la negativa del Estado Español a resolverlo de manera pacífica y democrática.

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En efecto, en mi modesta opinión, más grave aún que la propia maltrecha imagen del país, que, en realidad, lo debería ser de su(s) gobierno(s), lo es la malparada reputación de la justicia española en los foros internacionales. Y no hablo ya del folletín de las euroórdenes, de lo que diré alguna cosa en otra carta, sino del sistema judicial español puesto todo él gravemente en entredicho, tema que, como es natural, da para una carta monográfica, o para tres.

Baste como ejemplo lo que podemos leer en el digital alemán “Neue Debatte” firmado por el catedrático de la universidad de Bremen, Axel Schönberger: “Durante los últimos meses la ley española ha perdido totalmente su legitimidad. Las sentencias de los tribunales españoles, así como las acciones del ministerio público, han provocado que la justicia española se convierta en una “injusticia legal”.
Es de esperar que jueces, fiscales y miembros del gobierno español, que son responsables de violaciones de derechos fundamentales, rindan cuentas ante un tribunal internacional por sus acciones”. (3)

Item más. Ningún medio español ha recogido ni una sola vez las varias “amonestaciones” y “recomendaciones” que la ONU ha hecho al estado español, aunque se las estaba dirigiendo a la justicia, con respecto a la vulneración de derechos civiles y políticos en el contencioso catalán.

En tiempos del dictador (a los que cada día se parecen más los que vivimos) ante una condena de Naciones Unidas la muchedumbre convocada en la Plaza de Oriente gritaba enardecida: si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS, en obvia alusión testicular.

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El secretario general de la ONU avaló el “procès” (4). Un experto de la ONU pide que Juncker haga de mediador (5). Expertos de la ONU exigen a España que respete los derechos fundamentales a Catalunya (6). La ONU alerta a España que la prisión preventiva ha de ser el último recurso (7). Asistentes a la conferencia de la ONU alarmados al ver las acciones policiales del 1-O (8). Defensores de los derechos humanos denuncian a España ante la ONU (9). La ONU podría mediar (10). ¿Sigo?