¿Tenemos derecho a la autodeterminación?

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No puedes imaginarte, amigo, el dolor de cabeza que me está dando comenzar a escribirte esta carta. Algo que es tan obvio y natural para mí: que mi pueblo tiene derecho a decidir libremente su futuro, se convierte en un galimatías de opiniones encontradas,  de posicionamientos políticos con argumentos más cojonudos que racionales, de patrioterismos exacerbados,  de chovinismos xenófobos,  y, en fin, se pierde en  debates sesudamente jurídicos en que parece que cada quien pretende más el lucimiento intelectual y personal que el encuentro de una solución satisfactoria para todos, que, al fin y al cabo, es a lo que deberíamos aspirar.  ¿No?

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Mira, cuando la Constitución dice que la “nación” española es una e indivisible está incidiendo en una falacia; tal fórmula es como mucho un desiderátum, porqué esa definición que es estipulativa (fruto de un acuerdo)  incurre  en una grave incoherencia  pues al consagrar la unidad y la indivisibilidad como elementos constituyentes  fundamentales está entrando en contradicción con el principio de legitimidad democrática que también recoge la Carta Magna, pues está despojando a la ciudadanía  de esa  capacidad, de ese derecho democrático, de la libre decisión  por la que hemos de poder, si nos creemos tal principio, decidir  todo y modificar todo, constitución, unidad y indisolubilidad, incluidas.  Fíjate que la Constitución por un lado te dice que tú eres el sujeto de la soberanía en virtud de lo cual puedes decidir todo, pero al mismo tiempo te está advirtiendo que unidad e indivisibilidad  (y algunas otras cosas) no se tocan… ¿Por qué?  Pues porque es una Constitución que se redactó con ruido de sables de fondo y que fue fruto de  un acuerdo de intereses entre los que los derivados del “atado y bien atado” también coparon su alícuota parte. Así de simple. Y no es una majadería mía. Es obvio, o a mí me lo parece, que se impone perentoriamente una reforma constitucional que, entre otras muchas modificaciones que está exigiendo a gritos, dé salida a la pretensión soberanista catalana, de manera confortable para  ambas partes. 

Este  “desajuste” constitucional entre el principio de legitimidad  democrática y la existencia de elementos definitorios del estado que no se pueden tocar, no solo repugna a la doctrina jurídica general sino que el propio Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, órgano judicial de Naciones Unidas, tiene declarado que: “Declaramos que cuando hay una contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevale esta segunda, y declaramos que, en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que ésta es la que crea y modifica cuando sea necesario la legalidad vigente” (1)

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De manera que, en virtud de los acuerdos internacionales (2)   adoptados por el estado español y en aplicación del art. 98.1 de la Constitución, que los considera como parte del ordenamiento jurídico interno, el reino de España debería facilitar la libre determinación de Catalunya estableciendo una negociación franca y clara, bilateral, con los representantes legítimos del pueblo catalán. Esto es  lo que los “sesudos juristas” denominan “derecho de libre determinación interno”.  Mientras que el denominado  derecho de libre determinación externo” se concreta en el derecho a  la declaración unilateral de independencia. El profesor Carrillo afirma que, “…únicamente en circunstancias extremas en las que a un pueblo le es negada la autodeterminación interna podría hablarse del derecho de dicho pueblo a decidir unilateralmente la independencia”.

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Es obvio, pues, que, hoy por hoy,  nada permite pensar que esto vaya a cambiar ni siquiera a largo plazo, de manera que no cabe esperar posibilidad alguna de que el pueblo catalán podamos ejercer ese derecho de determinación interno. La estúpida batalla entre los partidos monárquicos para venderos su patriotismo, para ver quién es más español, para dilucidar, en definitiva, quién la tiene más larga, nos y os está conduciendo a un callejón sin salida “interna” por lo que puede que, un día u otro, lejano o cercano, se abra la vía de la determinación externa, es decir la declaración unilateral de independencia amparada por el reconocimiento de alguna potencia extranjera por poco representativa que fuera en el panorama internacional.